jueves, septiembre 24, 2009

Ars o el pueblo de piedra

A principios de verano, Chusa, la madre de una de mis mejores amigas, nos invitó – a mi y a mi familia- a Ars, un bello pueblo de la provincia de LLeida, anclado en las alturas de los Pirineos y situado entre la Seu de Urgell y Andorra. Allí tiene una casa preciosa y acogedora, decorada con un gusto exquisito en donde pasamos unos días espléndidos, rodeados de montañas verdísimas y exuberantes. Hacía tiempo que no respiraba un aire tan limpio y que no miraba un cielo tan profundo. Allí todo se antoja claro y silencioso. Los olores son más agudos y firmes y nuevos. Olor a hierba húmeda, a boñiga, a pinar, a flores de las alturas.
Y el pueblo es una maravilla. Unas cuantas casas de piedra que conservan el encanto de lo intocado por la lujuria del mercado inmobiliario. Casas intocadas por el tiempo y preparadas para las inclemencias del invierno y para las bondades del sol. Y en ellas seres sencillos con el peso de la vida en los ojos; seres de caminar lento, de miradas profundas, de pastoreo, de horas largas y circulares. Es como si allí, la noción del tiempo y su violencia cotidiana no existiesen.
En Ars, en las alturas, vuelvo a creer en la armonía del cosmos, en la existencia de un sentido estético del mundo y sus consecuencias. Vuelvo a soñar con aquellas pequeñas cosas que están al alcance de nuestros ojos, de nuestros sentidos. Y entonces pienso que, a veces, es tan fácil aproximarse a eso que llaman felicidad. A esa subrepticia sensación de estar en perfecta consonancia con el universo.
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Nota al margen

Al editar algunas de las imágenes (hechas en el Coll de la Creu del Ras de Conques) para ilustrar esta entrada encontré que en algunas de ellas hay objetos que no logro identificar. No parecen pájaros ni bichos ni aviones. Ello me ha llevado a mirar de cerca otras fotografías del mismo paseo y sorprendentemente he encontrado otros elementos que cuando menos me han sorprendido. Aquí sólo presento dos casos (fotos 3 y 4). Al clickar sobre la foto se pueden observar esas figuras que en una de las imágenes he señalado con un círculo.
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Fotos
Foto 1: vistas de Ars desde las alturas del Ras de Conques
Foto 2: calle con la iglesia románica de Sant Martí d'Ars de fondo
foto 3: Chusa, Luna y Martha en la cima de la montaña (al lado izquierdo de la foto se pueden ver algunas figuras ¿seis insectos? un tanto raras)
Foto 4: Martha con una mosca y algún objeto (¿un pájaro?) arriba.

domingo, septiembre 20, 2009

Tipos de violencia en el ámbito sociocomunitario (IV): Los matrimonios forzados

Enlaces de violencia: los matrimonios forzados


El matrimonio forzado es una forma de violencia doméstica y un atentado contra los Derechos Humanos. Específicamente el artículo 16 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla sobre el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos para llegar al matrimonio. Éste consiste en casar a una persona contra su voluntad y casi siempre está organizado por las familias que no respetan el sentir ni la opinión de las hijas y con frecuencia esta unión acaba en violencia y en ruptura familiar. El matrimonio forzado se debe distinguir de aquel que se produce entre dos personas que se casan por razones diversas y sin ningún proyecto de vida en común (penado por la ley) y el matrimonio arreglado en el que dos personas que se conocen se ponen de acuerdo para vivir juntas.
Tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Convención para la eliminación de las discriminaciones con las mujeres son claras sobre la edad legal del matrimonio: 18 años. A pesar de esto, se estima que 82 millones de niñas entre 10 y 17 años se casarán este año. Razones de tradición y de honor se mezclan a las necesidades económicas para mantener esta práctica, perpetrada en muchos casos haciendo uso de la violencia física y / o psicológica.
Los matrimonios a temprana edad constituyen una práctica social dañina. Forzar a las niñas a contraer matrimonio a edades tan tempranas como los 11 años, las priva de su infancia y de toda posibilidad de recibir educación, pero además, aumenta el riesgo de que se vean expuestas al abuso y la explotación. Adicionalmente, sus jóvenes cuerpos no se han desarrollado lo suficiente para mantener relaciones sexuales y sostener embarazos. Las niñas adolescentes son más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA/VHI. Muchas madres adolescentes, y con frecuencia sus bebés, mueren durante el parto. En muchas sociedades como las africanas, por ejemplo, las niñas son menos valoradas que los niños. Los padres consideran a sus hijas como cargas para el presupuesto del hogar, pero al mismo tiempo las ven como un objeto que pueden vender para mejorar el bienestar de la familia.
Pero esta práctica no sólo tiene lugar en algunos países menos favorecidos sino que persiste en algunas comunidades inmigrantes instaladas en Europa, en nombre de la costumbre o la religión, perpetuando las tradiciones o ritos. Según la Unidad de Matrimonios Forzados del Reino Unido (UMF), la mayoría de las miles de adolescentes en ese país que son víctimas o potenciales víctimas de casamientos obligados provienen de familias inmigrantes. En un contexto de migración, el matrimonio forzado hace que se confronten dos modelos de sociedades: la de los padres de la víctima, y la de la sociedad de acogida. El hecho de oponerse es un replanteamiento de la percepción dominante de la familia por uno de sus miembros
En muchos casos, las víctimas temen evitar los matrimonios forzados por miedo a represalias, incluidos los denominados “crímenes de honor”. Muchas de ellas no denuncian su situación o se retractan ante la presión de la familia, el miedo a la venganza o rechazan hablar con el argumento de que no quieren revivir experiencias traumáticas. Hay casos extremos en que se recurre a la violación como medio para presionar a las mujeres a contraer matrimonio. Muchas mujeres son amenazadas de muerte. Y aquellas mujeres que tratan de liberarse se encuentran una serie de obstáculos (la barrera del lenguaje, ruptura de lazos familiares, carencia de dinero y el hecho de no saber a dónde dirigirse) a la hora de denunciar su situación.
Por ello es importante la puesta en marcha de sistemas de alerta para avisar de casos de secuestro y retornos forzados o abusivos al país de origen y sobre todo, la prohibición total de las prácticas rituales contrarias a los derechos humanos. Y, a la par con ello, asegurar instrumentos para la detección, asistencia y reinserción social y profesional de las víctimas de este tipo de violencia.
Lo anterior también indica que es necesario entrenar de manera especializada al personal de policía, justicia y educación para detectar, derivar y atender este tipo de violencia contra la mujer. A la vez que es necesaria la creación de centros especializados y estudios de investigación que ayuden a conocer las causas del problema para poder definir mecanismos claros para su erradicación. No se debe olvidar que de esta práctica se derivan graves problemas sociales, en particular el aislamiento, la exclusión y la desigualdad.
En la actualidad en Catalunya no hay datos exactos sobre el número de matrimonios forzados que hayan ocurrido en su jurisdicción. Sin embargo, existe un protocolo que los Mossos d'Esquadra aplican para la prevención y atención policial de los matrimonios forzados, al constatar en 2008 la existencia de al menos una veintena de casos en Catalunya. Se sabe, además, que en la actualidad se están recogiendo datos para conocer el número y tipología de casos de bodas forzadas que se han conocido a través de comisarías, servicios sociales o escuelas. En ese sentido La Conselleria de Interior de la Generalitat ha elaborado un protocolo de actuación para prevenir los matrimonios forzosos que entró en vigor en junio de 2009, bajo el nombre de Procedimiento de Prevención y atención policial de los Matrimonios Forzados. En este documento surge también en el marco de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, en el artículo 5 sobre los ámbitos socio-comunitarios de la violencia machista, en donde se menciona los matrimonios forzados como una de las formas de violencia contra las mujeres.
En dicho documento se reconoce los matrimonios forzados como una práctica que continúa vigente en los países y comunidades de origen de algunas personas inmigradas a Catalunya. Sin embargo son pocos los casos que se han abordado como resultado de denuncias interpuestas por las propias víctimas y personas de su entorno. Una de las grandes dificultades a la hora de detectar los casos es la situación de vulnerabilidad de la menor o la mujer que está en un núcleo familiar de riesgo por ello las víctimas han de trascender ese núcleo para buscar protección y ello implica el uso de un gran valor y madurez a la hora de contradecir los planteamientos familiares (Procedimiento de Prevención y Atención policial de los Matrimonios Forzados; 3).
La práctica de los matrimonios forzados es muy extendida en países del África subsahariana, Norte de África, Próximo y Lejano Oriente, Asia Meridional, América Latina y también dentro de los colectivos de etnia gitana de diversa procedencia. Sin embargo la influencia de esta forma de violencia contra las mujeres puede ser más amplia puesto que en la actualidad las disposiciones legales sobre dicho tópico son más simbólicas que penales. Esta conducta no se penaliza.
En cuanto a las causas de los matrimonios forzados son múltiples. Dentro de ellas se puede mencionar, por ejemplo, el interés por reforzar los vínculos familiares; asegurar las riquezas y bienes; solucionar conflictos entre etnias o entre familias, cumplir con obligaciones o promesas antiguas; proteger ideales percibidos como culturales o religiosos; controlar la sexualidad de las menores o mujeres cuando entran en la edad reproductiva; como estrategia errónea de protección de la menor o la mujer que pasan a depender de la familia del marido y podrá tener hijos legítimos; explotación sexual o laboral; en situaciones de migración, ayudar a la consecución de permisos de residencia y nacionalidad, etc. (Ibid, 5). Es de resaltar en este último punto que los flujos migratorios han permitido que personas que desarrollan su proyecto de vida en Catalunya y en países europeos, algunas veces lleven a cabo esta práctica en un contexto en el que antes no se conocía.
En la violencia machista, especialmente cuando existe un vínculo emocional, el agresor se aprovecha de la indefensión y vulnerabilidad de su víctima. En el caso de los matrimonios forzados es importante tener en cuenta algunos factores que se relacionan con esta situación de desprotección de la niña o la mujer y que tienen que ver con la falta de redes sociales a parte de la familia; el desconocimiento de sus derechos y de los recursos sociales; la invisibilización social y la falta de conocimiento sobre esta problemática; las posibles barreras lingüísticas, etc.
Este tipo de práctica tiene graves consecuencias para el desarrollo integral de las mujeres no sólo en la esfera física si no también psicológica. Dentro de ellas se pueden mencionar: distintas formas de agresión; privaciones materiales y afectivas; el sexo no consensuado, es decir, la violación; la imposibilidad de continuar la escolaridad; el aislamiento y la reclusión ilegal en el hogar; los embarazos no deseados.

En síntesis, los matrimonios forzados conforman la pérdida de la autonomía en el desarrollo personal, psicológico, sexual y social de la mujer, se constituyen en una violación fragrante de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Según Amnistía Internacional, la violencia contra las mujeres viola el derecho de las mujeres a la vida, la integridad física y mental y el nivel más alto posible de salud, así como su derecho a no ser torturadas y a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. La defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es fundamental para prevenir la violencia de género y ponerle fin. Los derechos humanos de las mujeres y las niñas también corren peligro cuando no se hace frente a la violencia de género contra ellas y cuando se niega a las supervivientes el acceso a todos los recursos de reparación a los que tienen derecho.

lunes, septiembre 14, 2009

Tipos de violencia en el ámbito sociocomunitario (III): La Mutilación Genital Femenina (MGF)

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. La Ley 5/2008 define en su artículo 5 define la MGF como “cualquier procedimiento que implique o pueda implicar la eliminación total o parcial de los genitales femeninos o que se produzcan lesiones, aunque haya consentimiento expreso o tácito de la mujer”. Se calcula que en el mundo hay entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas que sufren las consecuencias de la MGF. En África, cada año unos tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir MGF. Estas prácticas son más frecuentes en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en algunos países de Asia y del Oriente Medio y entre algunas poblaciones inmigrantes de Norteamérica y Europa (Informe de Organización Mundial de la salud, 2008).
La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño y de la niña. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. Este tipo de práctica es llevada a cabo por comadronas tradicionales o parteras profesionales. La ablación genital femenina es un servicio muy valorado dentro de la comunidad en que se produce y muy bien remunerado económicamente, por lo que es fácil inferir que el prestigio y los ingresos de estas personas puedan estar directamente ligados a la práctica efectiva de dicha intervención contra el cuerpo de las mujeres.
En principio este tipo de práctica se asocia a las creencias tradicionales de aquellas comunidades en las cuales este tipo de actuación se desarrolla. Sin embargo, en términos generales se podría hablar de algunos elementos fundamentales que ésta lleva implícita. Así se pueden mencionar, por ejemplo, motivos sexuales cuyo fin es controlar y mitigar la sexualidad femenina. Sociológicos cuando se practica como un rito de iniciación de las niñas a la edad adulta o en aras de la integración social y el mantenimiento de la cohesión social. De higiene y estéticos porque se cree que los genitales femeninos son sucios y antiestéticos. De salud puesto que se cree que aumenta la fertilidad y hace el parto más seguro. Aunque no hay escritos religiosos que prescriban la práctica, quienes la llevan a cabo suelen creer que tiene un respaldo religioso.
Según la UNICEF la mutilación/excisión genital femenina se practica por distintas razones:
Psicosexuales: para disminuir el deseo sexual en la mujer, mantener la castidad y la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad durante el matrimonio, y aumentar el placer sexual del hombre.
Sociológicas: como forma de identificación con la herencia cultural, la iniciación de las niñas a la edad adulta, la integración social y la preservación de la cohesión social.
Higiénicas y estéticas: en algunas sociedades, se considera que los genitales externos de la mujer son poco limpios y antiestéticos, y por tanto se eliminan para promover la higiene y proporcionar un atractivo estético.
Religiosas: la mutilación/excisión genital femenina se practica en varias comunidades bajo la creencia equivocada de que lo exigen ciertas religiones;
De otro tipo: para mejorar la fecundidad y promover la supervivencia infantil.

La mutilación/excisión genital femenina se realiza sobre todo en niñas y adolescentes de 4 a 14 años de edad. Sin embargo, en algunos países hasta la mitad de los casos de mutilación/excisión genital femenina se realizan en recién nacidas de un año, inclusive un 44% de Eritrea y un 29% en Malí.
Este tipo de práctica de ningún modo beneficia la salud de las mujeres, al contrario, produce daños físicos y psicológicos irreparables en quienes la padecen. Entre las complicaciones inmediatas se encuentran el dolor intenso, choque, hemorragia, tétanos, sepsis, retención de orina, llagas abiertas en la región genital y lesiones de los tejidos genitales vecinos. Pero también produce otras consecuencias a largo plazo tales como infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad; necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo cuando el procedimiento de sellado o estrechamiento de la abertura vaginal se corrige quirúrgicamente para permitir las relaciones sexuales y el parto, y a veces se vuelve a cerrar nuevamente; aumento del riesgo de complicaciones del parto y muerte del recién nacido.
La mutilación/excisión genital femenina es una violación fundamental de los derechos de las niñas y las mujeres tal como se describen en numerosas convenciones internacionales, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una actividad discriminatoria y viola el derecho a la igualdad de oportunidades en la vida; el derecho al nivel más elevado de salud; el derecho a la libertad contra todas las formas de violencia física y mental, lesiones o abuso; el derecho a la protección contra las todas las formas de prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de los niños, las niñas y las mujeres; el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción libres de discriminación, coerción y violencia; el derecho a la libertad contra los prejuicios y todas las demás prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad o bien de los géneros o en funciones estereotipadas de los hombres y las mujeres.

jueves, septiembre 10, 2009

Tipos de violencia en el ámbito sociocomunitario (II): El tráfico y explotación de mujeres y niñas

A nivel general, la trata de seres humanos se enmarca dentro de la pérdida de los Derechos Humanos fundamentales de una persona. Así, cuando se habla de ello, se está hablando de una violación de los derechos humanos, y no de un crimen más. Este tipo de práctica constituye la esclavitud del siglo XXI y es una de las principales fuentes ilegales de ingresos después del tráfico de armas y de drogas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM; 2005, 417) a nivel mundial, cada año un millón personas son vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en sectores como la construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niñas y niños soldados, tráfico de órganos, venta de niñas y niños, entre otros.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Según estimaciones policiales, el 90 por 100 de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son extranjeras y, de ellas, la mayoría están en manos de redes de trata de seres humanos. Las mujeres son captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad, mediante engaños como falsas ofertas de empleo o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos.

En el estudio La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración y los derechos humanos, Naciones Unidas, de Susana Chiarotti (2003), se habla sobre la expansión de esta problemática en áreas que anteriormente no se veían afectadas debido entre otras cosas a “la globalización, que ha facilitado las comunicaciones y el acceso a la información. Pero también a las profundas dificultades económicas que enfrentan muchos países -especialmente las naciones en desarrollo y las economías en transición- y su consiguiente inestabilidad socioeconómica, lo que tiende a producir circunstancias de ‘expulsión’ como el desempleo y/o empleos mal remunerados, falta de oportunidades educativas y desarrollo social, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación. A ello se suman los cada vez mayores obstáculos a la migración regular y la existencia de conflictos armados sean estos nacionales o regionales. Esta situación aunada a cuestiones como la creciente demanda de mano de obra de bajo costo en los países de destino, vacíos legales en la mayoría de los Estados y falta de una visión integral para combatirla, han hecho de la trata de personas uno de los tres negocios más rentables del crimen organizado después del tráfico de armas y de narcóticos”.

El Parlamento Europeo estima que en los 25 países de la Unión, 100.000 personas al año caen en las redes de los traficantes. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) cifra en más de 4.000.000 el número de mujeres y niñas, vendidas cada año en el mercado mundial de la prostitución. En los últimos diez años, España se ha convertido en uno de los principales países de tránsito y destino de mujeres víctimas de trata para ejercer la prostitución y, en muchas ocasiones, estas mafias aprovechan la oportunidad que les brinda la prensa nacional para comerciar con ellas, permitiendo ocultar su identidad y minimizando riesgos y costes. España ocupa un lugar destacado en el primer informe que, titulado Tráfico de Personas. Modelos Mundiales, ha realizado la Oficina sobre Droga y Delito de la ONU. Este dato se confirma con el cálculo de que, en el Estado español todos los días alrededor de 1.500.000 de hombres ejercen como prostituidores. En 2005, la Conselleria de Interior de Cataluña estimaba que en la Comunidad unas 20.000 personas se dedicaban a la prostitución.

Según informes de Naciones Unidas España no actúa como un país de origen, sino que es utilizado en un grado que se califica de bajo como país de tránsito de víctimas de la trata procedentes de Brasil, América del Sur y África. Sin embargo, España, tiene una alta importancia como lugar de destino, recibiendo víctimas procedentes de Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia y otros países.

Las mujeres, víctimas de estas redes, son captadas en sus países de origen aprovechando su situación personal -generalmente caracterizada por carencia de recursos económicos, desempleo, bajos niveles educativos y dificultades para poder emigrar de forma regular- utilizando para ello diferentes procedimientos engañosos tales como la inserción, en los medios de comunicación locales, de anuncios con ofertas de empleo falsas (normalmente para trabajar en el sector hostelero o doméstico), o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos que trabajan para la organización. En otros casos, la captación se realiza directamente por otras mujeres que ya han ejercido la prostitución en España y que perciben comisiones de la organización (Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, 2008).

Muchas veces la estigmatización social, el aislamiento en el que se suelen encontrar dentro de la sociedad receptora, las dificultades del idioma, el miedo y la imposibilidad de encontrar soluciones para sus vidas contribuyen tanto a mantener la situación de explotación en clandestinidad como a dificultar, después, la integración socio laboral de la víctima.
Esta realidad social se ha convertido en una problemática acusada y ha motivado el desarrollo a nivel gubernamental del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, aprobado en diciembre de 2008 y que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y que estará vigente durante tres años (2009-2012). A nivel general, el Plan Integral de Lucha contra el Tráfico de Seres Humanos plantea medidas divididas en tres ejes principales: la asistencia social a las víctimas, la lucha efectiva contra las mafias y traficantes, y la sensibilización, prevención y coordinación. En cuanto a la asistencia social se plantea que se proporcionará protección integral a las víctimas de trata a través de un periodo de reflexión de, al menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir su colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. Durante ese periodo las víctimas tendrán derecho a la asistencia social y jurídica, y al establecimiento de una dotación económica que garantice su subsistencia o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. En este mismo sentido se hace énfasis en el perfeccionamiento de los mecanismos legales existentes para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica gratuita inmediata y la disponibilidad de intérprete. En ese sentido se menciona que las víctimas tendrán información específica sobre sus derechos y los recursos de los que disponen, y formarán parte de los colectivos beneficiarios de los programas de formación para el empleo. El Plan contempla, igualmente, la creación de unidades móviles para la atención a víctimas y de centros de acogida con programas de atención integral específica.

En cuanto a las medidas destinadas a luchar contra las mafias se menciona que se privará de sus beneficios económicos a las organizaciones que se dedican a la trata. Para ello, se reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en relación con esta delincuencia. Además, se creará un Fondo de Bienes decomisados procedentes de la trata, que irá destinado tanto a la asistencia de las víctimas, como al fortalecimiento de la actuación policial contra este delito. Para lograr un mayor control en la entrada al país de las mafias, se incluirá el uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia, y se implantarán en todo el territorio nacional nuevos sistemas y mecanismos de control para detectar situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte. Por último, en las medidas de sensibilización y prevención se hace énfasis en la necesidad de profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y en sus verdaderas dimensiones desde un punto de vista multidisciplinar mediante la realización de estudios sobre las consecuencias de la trata en sus víctimas, los diferentes modelos de intervención para la recuperación y el mapa de recursos existentes. Al mismo tiempo, se plantea el desarrollo de campañas de concienciación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de la trata, y campañas de información específicas dirigidas al sector de empresas de viaje, instituciones y organizadores de eventos multitudinarios. En el Plan también se prevé la constitución de un Foro contra la Trata integrado por las administraciones públicas competentes, las ONG’s y otras institucionales implicadas en la asistencia a las víctimas y la lucha contra este delito para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva integral.
El tráfico de mujeres y niñas para su explotación sexual tiene consecuencias relacionadas con la salud y/o con amenazas para su propia vida. A menudo, el transporte clandestino exige el uso de medios de traslado deficientes, que ponen a las víctimas en peligro de inanición, ahogamiento, asfixia y exposición a las condiciones climáticas. Numerosos informes sobre accidentes y fallecimientos han hecho que la Organización Internacional para las Migraciones haya definido el tráfico sexual como una de las formas más peligrosas de migración. Otros riesgos para la salud que plantea el tránsito son la exposición a la violencia y a enfermedades contagiosas. Las víctimas del tráfico son blanco de la violencia de tratantes, proxenetas, dueños de burdeles, clientes y hasta policías que las golpean, a veces con armas y con saña suficiente como para que deban acudir a las salas de urgencia y se les viola a modo de introducción al “negocio”.

La violencia psicológica, física y sexual asociada con el tráfico y la explotación sexuales provoca depresión, pensamientos e intentos de suicidio, lesiones físicas tales como hematomas, huesos rotos, heridas en la cabeza, heridas de arma blanca, lesiones en la boca y la dentadura y hasta la muerte.

La participación en la industria del sexo entraña el riesgo de contraer infecciones de VIH/SIDA, que puede atenuarse o agravarse en función del número de clientes y del uso de preservativos. Las víctimas del tráfico que no tienen acceso a éstos o carecen de poder para negociar su uso se encuentran especialmente en peligro. Los relatos de experiencias con el tráfico y los estudios de mujeres inmersas en la industria del sexo sugieren que sobre las víctimas traficadas se ciernen muchas amenazas a su salud sexual y reproductiva. Las infecciones transmitidas por vía sexual (ITS) constituyen una amenaza grave, pues la actividad sexual temprana y la multiplicidad de parejas son factores de riesgo que se aplican a muchas mujeres envueltas en esta industria (Phinney, 2002).

lunes, septiembre 07, 2009

Tipos de violencia en el ámbito sociocomunitario (I): las agresiones sexuales

Publicaré algunos textos sobre violencia en el ámbito sociocomunitario a petición de algunas personas, entre ellas mi entrañable amiga la psicóloga Isabel Gómez. A través de una serie de artículos se desvelarán tópicos como las agresiones sexuales, el tráfico y la explotación de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, la violencia derivada de los conflictos armados.
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Las agresiones y el acoso sexual
Por: Betty Puerto y Martha Cecilia Cedeño Pérez
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La Ley 5/2008 define este tipo de agresión como “el uso de la violencia física y sexual ejercida contras las mujeres y las menores de edad que está determinada por el uso premeditado del sexo como un arma para demostrar poder y abusar de él”. Son comportamientos sexuales impuestos contra la voluntad de una persona e incluye todos los comportamientos sexuales sin consenso.

Dentro de las formas de violencia sexual se puede mencionar, entre otras, la violación, el acoso sexual, el asalto sexual, el exhibicionismo, las palabras obscenas, los tocamientos, la proliferación y el uso cada vez mas vinculante especialmente de mujeres, niñas y niños a enlaces en Internet, avisos publicitarios que promueven el abuso sexual y fomentan los estereotipos de desigualdad entre hombres y mujeres. En este texto nos referiremos al las agresiones y abusos sexuales de manera integral, específicamente aquellas que ocurren en el ámbito social comunitario.

La violación aparece como el máximo exponente de la agresividad hecha violencia, no sólo por el grado de fuerza física que puede conllevar y que a veces llega hasta el homicidio, sino por el daño psicológico que supone un atentado contra un componente tan íntimo de la personalidad como es la sexualidad, dando origen a secuelas que perdurarán durante el resto de la vida de la mujer (Lorente Acosta, 1999: 126). La violación ha existido en todas las épocas históricas, aunque con diferente consideración. Hasta hace poco sólo era percibida como un agravio a la familia de la víctima en general y no como un crimen contra la mujer. En este tipo de agresión la mujer no es considerada como tal sino como un objeto para satisfacer una serie de sentimientos o fantasías del agresor. Es una actividad sexual desviada que busca el control y la opresión de la mujer y con ello la sensación, para el agresor, de estar en un nivel superior, de tener la fuerza con todo lo que esto implica.
El acoso sexual, constituye otra forma de violencia sexual, que se expresa en la exigencia de favores de tipo sexual, situación en la que el agresor ostenta una posición de superioridad ya sea en el ámbito de la escuela o el trabajo y en el que la víctima esta sometida bajo amenaza o castigos. Opera como un instrumento de control social representado en violencia psicológica, especialmente en los casos en que las mujeres desempeñan trabajos realizados tradicionalmente por hombres (Baker, 1989) y en el hecho de que las mujeres que denuncian este tipo de comportamiento casi siempre sufren como consecuencia el despido o la presión para dejar el trabajo.

Este tipo de agresión supone una importante discriminación para la mujer; se convierte en un obstáculo en su formación y su integración en el mercado de trabajo. Las mujeres jóvenes, separadas o divorciadas, con trabajos precarios o temporales, suelen ser las más vulnerables a la hora de sufrir este tipo de violencia. Las consecuencias de esta agresión repercuten no sólo en la salud de las féminas sino en su rendimiento laboral y en su equilibrio personal. Además, la mujer que sufre estas agresiones puede verse limitada en sus posibilidades de promoción y de permanencia en el puesto. También puede repercutir en su vida afectiva, tanto si su problema llega a ser conocido por su familia y pareja como si no. Las distintas conceptualizaciones teóricas han definido el acoso como un acto de violencia y la han situado dentro de un marco construido socialmente que se caracteriza por la intersección de sexo y poder, más que por alguno de ellos de forma aislada (Lorente Acosta; 1999, 187).

El acoso sexual atenta contra la dignidad de la persona, produce efectos psicológicos que supone el estar sometida a una situación que se repite a la menor oportunidad. Ello deviene en una tensión y ansiedad constante, que puede llegar desembocar en estrés agudo y de perdida de capacidad de afrontamiento, pues al temor a ser violentada sexualmente se añade la amenaza implícita o explícita de perder el trabajo o de ser sometida a castigos y perdidas, como en los casos en que ocurre en el contexto de la escuela.
Las agresiones sexuales, el acoso, o el abuso constituyen acontecimientos altamente traumáticos que dañan la integridad física y psíquica de la víctima; en la mayoría de las personas provoca miedo profundo y reacciones emocionales intensas de ansiedad, confusión, culpabilidad, miedo, desconfianza, rabia, rechazo del entorno, sensación de que esta perdiendo en control de la vida, depresiones, dificultades para conciliar el sueno, trastornos alimentarios y algunos tipos de adicciones. Lo que constituye un cuadro de estrés agudo como respuesta del suceso violento.
Merece la pena mencionar que, históricamente, el sistema legal ha procedido con parcialidad en contra de la víctima de una agresión sexual, de una violación, puesto que resulta más difícil sentenciar a un violador que a otros criminales (Robin, 1977). Entre otras cosas la víctima debe demostrar que se resistió con todas sus fuerzas y en todo el momento en el transcurso de la violación y que corrió el riesgo de ser herida o que sufrió heridas reales por defenderse de un ataque que la amenazaba de muerte o de daño físico grave (Renfrew, 2005). Y a lo anterior debe añadirse la percepción patriarcal de que es la mujer la que ha provocado ese tipo de experiencia, que es ella per se la causante de lo que la ha ocurrido.