Tipos de violencia en el ámbito sociocomunitario (II): El tráfico y explotación de mujeres y niñas

A nivel general, la trata de seres humanos se enmarca dentro de la pérdida de los Derechos Humanos fundamentales de una persona. Así, cuando se habla de ello, se está hablando de una violación de los derechos humanos, y no de un crimen más. Este tipo de práctica constituye la esclavitud del siglo XXI y es una de las principales fuentes ilegales de ingresos después del tráfico de armas y de drogas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM; 2005, 417) a nivel mundial, cada año un millón personas son vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en sectores como la construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niñas y niños soldados, tráfico de órganos, venta de niñas y niños, entre otros.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Según estimaciones policiales, el 90 por 100 de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son extranjeras y, de ellas, la mayoría están en manos de redes de trata de seres humanos. Las mujeres son captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad, mediante engaños como falsas ofertas de empleo o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos.

En el estudio La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración y los derechos humanos, Naciones Unidas, de Susana Chiarotti (2003), se habla sobre la expansión de esta problemática en áreas que anteriormente no se veían afectadas debido entre otras cosas a “la globalización, que ha facilitado las comunicaciones y el acceso a la información. Pero también a las profundas dificultades económicas que enfrentan muchos países -especialmente las naciones en desarrollo y las economías en transición- y su consiguiente inestabilidad socioeconómica, lo que tiende a producir circunstancias de ‘expulsión’ como el desempleo y/o empleos mal remunerados, falta de oportunidades educativas y desarrollo social, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación. A ello se suman los cada vez mayores obstáculos a la migración regular y la existencia de conflictos armados sean estos nacionales o regionales. Esta situación aunada a cuestiones como la creciente demanda de mano de obra de bajo costo en los países de destino, vacíos legales en la mayoría de los Estados y falta de una visión integral para combatirla, han hecho de la trata de personas uno de los tres negocios más rentables del crimen organizado después del tráfico de armas y de narcóticos”.

El Parlamento Europeo estima que en los 25 países de la Unión, 100.000 personas al año caen en las redes de los traficantes. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) cifra en más de 4.000.000 el número de mujeres y niñas, vendidas cada año en el mercado mundial de la prostitución. En los últimos diez años, España se ha convertido en uno de los principales países de tránsito y destino de mujeres víctimas de trata para ejercer la prostitución y, en muchas ocasiones, estas mafias aprovechan la oportunidad que les brinda la prensa nacional para comerciar con ellas, permitiendo ocultar su identidad y minimizando riesgos y costes. España ocupa un lugar destacado en el primer informe que, titulado Tráfico de Personas. Modelos Mundiales, ha realizado la Oficina sobre Droga y Delito de la ONU. Este dato se confirma con el cálculo de que, en el Estado español todos los días alrededor de 1.500.000 de hombres ejercen como prostituidores. En 2005, la Conselleria de Interior de Cataluña estimaba que en la Comunidad unas 20.000 personas se dedicaban a la prostitución.

Según informes de Naciones Unidas España no actúa como un país de origen, sino que es utilizado en un grado que se califica de bajo como país de tránsito de víctimas de la trata procedentes de Brasil, América del Sur y África. Sin embargo, España, tiene una alta importancia como lugar de destino, recibiendo víctimas procedentes de Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia y otros países.

Las mujeres, víctimas de estas redes, son captadas en sus países de origen aprovechando su situación personal -generalmente caracterizada por carencia de recursos económicos, desempleo, bajos niveles educativos y dificultades para poder emigrar de forma regular- utilizando para ello diferentes procedimientos engañosos tales como la inserción, en los medios de comunicación locales, de anuncios con ofertas de empleo falsas (normalmente para trabajar en el sector hostelero o doméstico), o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos que trabajan para la organización. En otros casos, la captación se realiza directamente por otras mujeres que ya han ejercido la prostitución en España y que perciben comisiones de la organización (Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, 2008).

Muchas veces la estigmatización social, el aislamiento en el que se suelen encontrar dentro de la sociedad receptora, las dificultades del idioma, el miedo y la imposibilidad de encontrar soluciones para sus vidas contribuyen tanto a mantener la situación de explotación en clandestinidad como a dificultar, después, la integración socio laboral de la víctima.

Esta realidad social se ha convertido en una problemática acusada y ha motivado el desarrollo a nivel gubernamental del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, aprobado en diciembre de 2008 y que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y que estará vigente durante tres años (2009-2012). A nivel general, el Plan Integral de Lucha contra el Tráfico de Seres Humanos plantea medidas divididas en tres ejes principales: la asistencia social a las víctimas, la lucha efectiva contra las mafias y traficantes, y la sensibilización, prevención y coordinación. En cuanto a la asistencia social se plantea que se proporcionará protección integral a las víctimas de trata a través de un periodo de reflexión de, al menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir su colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. Durante ese periodo las víctimas tendrán derecho a la asistencia social y jurídica, y al establecimiento de una dotación económica que garantice su subsistencia o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. En este mismo sentido se hace énfasis en el perfeccionamiento de los mecanismos legales existentes para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica gratuita inmediata y la disponibilidad de intérprete. En ese sentido se menciona que las víctimas tendrán información específica sobre sus derechos y los recursos de los que disponen, y formarán parte de los colectivos beneficiarios de los programas de formación para el empleo. El Plan contempla, igualmente, la creación de unidades móviles para la atención a víctimas y de centros de acogida con programas de atención integral específica.

En cuanto a las medidas destinadas a luchar contra las mafias se menciona que se privará de sus beneficios económicos a las organizaciones que se dedican a la trata. Para ello, se reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en relación con esta delincuencia. Además, se creará un Fondo de Bienes decomisados procedentes de la trata, que irá destinado tanto a la asistencia de las víctimas, como al fortalecimiento de la actuación policial contra este delito. Para lograr un mayor control en la entrada al país de las mafias, se incluirá el uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia, y se implantarán en todo el territorio nacional nuevos sistemas y mecanismos de control para detectar situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte. Por último, en las medidas de sensibilización y prevención se hace énfasis en la necesidad de profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y en sus verdaderas dimensiones desde un punto de vista multidisciplinar mediante la realización de estudios sobre las consecuencias de la trata en sus víctimas, los diferentes modelos de intervención para la recuperación y el mapa de recursos existentes. Al mismo tiempo, se plantea el desarrollo de campañas de concienciación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de la trata, y campañas de información específicas dirigidas al sector de empresas de viaje, instituciones y organizadores de eventos multitudinarios. En el Plan también se prevé la constitución de un Foro contra la Trata integrado por las administraciones públicas competentes, las ONG’s y otras institucionales implicadas en la asistencia a las víctimas y la lucha contra este delito para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva integral.

El tráfico de mujeres y niñas para su explotación sexual tiene consecuencias relacionadas con la salud y/o con amenazas para su propia vida. A menudo, el transporte clandestino exige el uso de medios de traslado deficientes, que ponen a las víctimas en peligro de inanición, ahogamiento, asfixia y exposición a las condiciones climáticas. Numerosos informes sobre accidentes y fallecimientos han hecho que la Organización Internacional para las Migraciones haya definido el tráfico sexual como una de las formas más peligrosas de migración. Otros riesgos para la salud que plantea el tránsito son la exposición a la violencia y a enfermedades contagiosas. Las víctimas del tráfico son blanco de la violencia de tratantes, proxenetas, dueños de burdeles, clientes y hasta policías que las golpean, a veces con armas y con saña suficiente como para que deban acudir a las salas de urgencia y se les viola a modo de introducción al “negocio”.

La violencia psicológica, física y sexual asociada con el tráfico y la explotación sexuales provoca depresión, pensamientos e intentos de suicidio, lesiones físicas tales como hematomas, huesos rotos, heridas en la cabeza, heridas de arma blanca, lesiones en la boca y la dentadura y hasta la muerte.

La participación en la industria del sexo entraña el riesgo de contraer infecciones de VIH/SIDA, que puede atenuarse o agravarse en función del número de clientes y del uso de preservativos. Las víctimas del tráfico que no tienen acceso a éstos o carecen de poder para negociar su uso se encuentran especialmente en peligro. Los relatos de experiencias con el tráfico y los estudios de mujeres inmersas en la industria del sexo sugieren que sobre las víctimas traficadas se ciernen muchas amenazas a su salud sexual y reproductiva. Las infecciones transmitidas por vía sexual (ITS) constituyen una amenaza grave, pues la actividad sexual temprana y la multiplicidad de parejas son factores de riesgo que se aplican a muchas mujeres envueltas en esta industria (Phinney, 2002).