Crónica de un desastre anunciado: informe detallado sobre los antecedentes del conflicto que se agudizó durante las últimas semanas. El gobierno llevaba años de dar bandazos y los huilenses llevaban años de hacer diligencias, hasta que el primero decidió usar la violencia.
Por William Fernando Torres**
Semanas calientes El desvío del río Magdalena, el pasado 3 de marzo, para seguir construyendo la hidroeléctrica de El Quimbo, llevó al punto de no retorno a la confrontación entre las comunidades afectadas y la transnacional Emgesa-Enel.
Por su parte, el gobierno nacional, que tiene el deber constitucional de ejercer como mediador y árbitro en estos enfrentamientos, ha atizado el fuego por intermedio de sus altos funcionarios:
- El 27 de febrero en Popayán, el presidente Santos sostuvo que el proyecto iba a generar “energía limpia, energía necesaria” y respaldó el desalojo policial de quienes pedían la suspensión de las obras.
- Cinco días después, el 3 de marzo, insistió en que el gobierno nacional no permitiría que algunas personas “con intenciones políticas” bloquearan la construcción de la hidroeléctrica.
- Según el alcalde de Paicol, el ministro del Interior autorizó el desalojo de las comunidades que protestaban contra el avance del proyecto a finales de febrero [1].
- El ministro de Minas señaló que el documental “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos” era un montaje.
- El del Medio Ambiente acusó al profesor de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussán, de orientar las protestas y recordó que era hermano del exsenador del Polo Democrático, Jaime Dussán. Además indicó que estudiantes de esta institución se presentaban como representantes de los campesinos, aunque no tenían “que ver con el proyecto”, y que por tanto allí había intereses “que no eran del todo claros” [2].
- Sólo falta ahora que se los acuse de estar movilizados por las FARC, como lo viene haciendo el ejército desde 1980 –durante su bombardeo a El Pato– cuando los campesinos protestan en la zona.
También los organismos de control tomaron cartas en el asunto:
- La Fiscalía anunció, el mismo 3 de marzo, que investigaría si se habían presentado amenazas, desplazamientos y daños al medio ambiente.
- La Contraloría General decidió indagar al Ministerio del Medio Ambiente por la posible violación de normas y por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la adjudicación del proyecto.
- Al día siguiente, la Procuraduría General nombró una comisión para estudiar el problema.
- Y un día después, el Alcalde de Bogotá informó que la ciudad tenía el 51 por ciento de las acciones del proyecto hidroeléctrico y envió funcionarios a inspeccionar las obras de El Quimbo con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país”.
Oscuros antecedentes
 El presidente Santos sostuvo que el proyecto iba a generar “energía limpia, energía necesaria”. |
¿Qué bicho habrá picado a los huilenses — a quienes el prejuicio borbónico–centralista suele considerar como lentos y despreocupados — para agitarse ahora defendiendo intereses particulares y oscuros, impedir el desarrollo de su propia región y afectar el interés general? ¿Por qué tanta atención de los poderes centrales sobre un asunto que parecía un problema propio de un departamento periférico?
Por su parte, los pobladores de la zona a inundar, otros habitantes del departamento, ambientalistas, columnistas y universitarios tienen su propia versión sobre el asunto.
Entre los datos gruesos que la memoria local guarda sobre la confrontación, figura en primer lugar el hecho significativo de que en 1997 el Ministerio del Medio Ambiente se negó a entregar el proyecto hidroeléctrico en una subasta — en la que pujaron tres empresas — porque reduciría la producción agrícola y pesquera que la zona de El Quimbo aportaba al Huila.
No obstante, el gobierno Uribe desconoció el concepto anterior: subastó de nuevo el proyecto a un solo proponente — Emgesa — y a la vez declaró los terrenos de utilidad pública, saltándose el ya célebre requisito de la consulta previa a los directamente afectados, lo que exigía un año de trámite y que tan solo se efectuó durante el segundo semestre de 2008.
Por su parte, la empresa ganadora pagó los estudios de impacto ambiental, pero –al parecer– no tramitó la licencia requerida en la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), y más bien se dedicó a seducir a habitantes y políticos con dádivas y ofertas.
Mientras tanto, en el Huila creció el debate y la tensión sobre el tema. Este se polarizó entre quienes se convirtieron de la noche a la mañana en abanderados “del progreso y el desarrollo” y quienes llamaron la atención sobre las pérdida de la soberanía sobre los recursos hídricos del país y las consecuencias negativas que podría traer la hidroeléctrica en el mediano y largo plazo.
 El ministro de Minas señaló que el documental “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos” era un montaje. |
La discusión puso en evidencia los desastres en lo productivo, laboral, ambiental y social que había producido otro proyecto fracasado: la Represa de Betania, inaugurada en 1987. Expertos en temas ambientales —como la Fundación El Curíbano— denunciaban que los estudios presentados no tenían en cuenta la depredación de la fauna y de la flora. En cambio, otras firmas consultoras especializadas en medio ambiente respaldaron el proyecto, desconociendo olímpicamente los estudios de 1997.
Por su lado, Uribe vino a Neiva a zanjar el debate muy a su manera: simplemente sentenció que “El Quimbo va, porque va”. Y en tono paternal, recomendó a su auditorio aprender a negociar.
El Ministerio del Medio Ambiente estableció las condiciones que Emgesa debía cumplir para obtener la licencia, pero como esta las consideró abusivas, demandó ante el Tribunal de Cundinamarca. También amenazó con retirarse del negocio, porque no se estaba cumpliendo las promesas de la tan publicitada política de confianza inversionista. En fin, el Minambiente y la empresa acabaron por pactar una conciliación extrajudicial, que no admitió el Tribunal, por cuanto no habían consultado previamente a quienes podrían afectar.
Uribe entonces firmó el decreto 2820 de 2010, el broche de oro, exactamente dos días antes de terminar su mandato, que reglamentó el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Entre otras normas, el gobierno despojó de un plumazo a las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales de la competencia para “otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando éstos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”. Este parágrafo del artículo 3 dejó el camino abierto a Emgesa.
Una olla a presión
 El Alcalde de Bogotá informó que la ciudad tenía el 51 por ciento de las acciones del proyecto hidroeléctrico y envió funcionarios a inspeccionar las obras. |
Ante la gravedad de la situación, las comunidades integradas en la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo) reaccionaron de inmediato. Denunciaron que los terrenos en donde se construye la represa presentan fallas geológicas y pueden causar una catástrofe de grandes dimensiones; añadieron que los trabajos en desarrollo habían destruido patrimonio arqueológico y que además habían descargado los desechos sobre el río. Pero, sobre todo, argumentaron que la compra de tierras que estaba adelantando Emgesa rompía las cadenas productivas y ocasionaba el desplazamiento de los pobladores.
En respuesta a estas demandas, durante el segundo semestre de 2011, el Minambiente, la Corporación Autónoma del Magdalena (CAM) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) suspendieron la obra de manera preventiva.
Por su parte, el Ministerio expidió la Resolución 1096 del 14 de junio de 2011, para evitar el desalojo de los habitantes y la destrucción de las cadenas productivas, garantizando “medidas compensatorias”. Sin embargo, días más tarde, consideró legal que Emgesa comprara fincas para reasentar allí a habitantes de la zona a inundar, aunque no valoró el impacto sobre las cadenas productivas ni las medidas compensatorias. Pero este apoyo no vino solo: entre septiembre de 2011 y enero de 2012, los ministros de Minas declararon de utilidad pública 34.204 hectáreas adicionales a las 8.500 otorgadas en 2008, con lo que –según Miller Dussán– depreciaron las tierras porque de los entre 28 a 60 millones que valían, las redujo a entre 2 y 20 millones.
Estas decisiones agotaron la paciencia de las comunidades. Pues, en 2008 y sin esperarlo, recibieron la noticia de que ya no podían habitar y trabajar en las tierras que vivían; luego, Emgesa no les aclaró bien si merecían restitución o compensación; más tarde, fueron al parlamento a debatir su problema, y después volvieron para aclarar la cuestión de la licencia ambiental.
Como las respuestas fueron gaseosas, se echaron a la calle, y en ella han venido recibiendo numerosas solidaridades –nacionales e internacionales– de quienes están convencidos que el proyecto de El Quimbo no es un asunto particular sino de todos, pues está en juego el medioambiente, la calidad de vida y la sobrevivencia del planeta, en especial, 20 años después de la Cumbre de Río. Los columnistas abanderados del “progreso y desarrollo” a cualquier precio y guardan silencio; entretanto, las voces que lo rechazan se han vuelto mayoritarias.
Ahora se sumaron a la protesta los habitantes inconformes del occidente y el centro oriente huilense. Los primeros, por la demora en restaurar el puente del Paso del Colegio –cuya estructura, según ellos, la ha debilitado Emgesa–, y que alarga sus viajes en dos horas por carreteras destapadas. Los segundos, por las exploraciones de la petrolera Emerald Energy en el Páramo de Miraflores, un ecosistema estratégico del Huila. Con ellos, Asoquimbo convocó un Paro Regional desde el 3 de enero de 2012.
Esta movilización sentó en la mesa a representantes del gobierno nacionales y regionales, a los organismos de control, a los alcaldes y a la propia Emgesa. Pero no encontraron salidas viables porque los funcionarios de Medio Ambiente y la gobernadora del Huila consideraron que las comunidades no habían cumplido con no bloquear las vías; por tanto, pusieron como condición para asistir y negociar que la protesta se retirara de las cercanías a las obras ellos y ella “debían actuar como gobierno, y el gobierno era uno solo”. Los de Asoquimbo sostienen, por su parte, que han estado realizando protestas pacíficas y han sido agredidos por fuerzas oficiales.
Campo de batalla, figurado y literal
En suma, esta crónica recuerda la larga tradición de entrega de recursos naturales a las transnacionales desde 1905 con la Concesión De Mares y la Concesión Barco, hasta la feria de títulos mineros del gobierno anterior.
No solo se ha dejado de ejercer la soberanía nacional y el gobierno ha fallado en su papel de mediador y árbitro en las diferencias entre ciudadanos, sino que se han demorado las decisiones o ignorado las peticiones de los habitantes, pero sí se ha aceptado introducir reformas legales para favorecer a firmas transnacionales.
En cierta forma se ha vuelto a las estrategias en desuso de la Guerra Fría: estigmatizar a quienes protestan o exigen respeto por sus derechos vigentes, señalándolos con epítetos o con alusiones malintencionadas, que violan los derechos de expresión, de asociación y a la intimidad, pero sobre todo que criminalizan la protesta. (Ver artículo de Jorge Andrés Hernández, en esta misma edición de Razón Pública, donde analiza el caso de El Quimbo desde la perspectiva de la filosofía política liberal).
Los partidarios del proyecto han querido mostrarse como defensores del interés general frente al particular, cuando en este caso no es muy claro si la energía que pueda producir El Quimbo va a “garantizar la seguridad energética que el país requiere a futuro” –como sostiene Emgesa–, cuando antes ha anunciado que buena parte de ella se va a vender al extranjero.
Así las cosas, puede ocurrir que campesinos, trabajadores y pequeños propietarios de la zona de El Quimbo repitan la misma tragedia de los desplazados por la Represa de Betania: que se rompan los tejidos de afecto que han construido a lo largo de sus vidas y terminen trabajando en unos nuevos oficios que no dan sentido a sus vidas.
 Un proyecto que fracasó: la Represa de Betania, inaugurada en 1987. Progreso a costa de la depredación de la fauna y de la flora. |
El movimiento social de El Quimbo ha venido madurando desde septiembre de 2008. Tiene en sus memorias las luchas campesinas que dieron en los setentas –integrados en la ANUC– para acceder a la tierra, las de los noventas por la condonación de las deudas agrarias debidas a la crisis del café –y en la que ganaron una ley nacional–, y las que realizaron para que les pagaran los cultivos de uso ilícito que habían sustituido. Es decir, demostraron que tenían capacidad de iniciativa política propia y unos intereses nada oscuros. Ahora se han integrado en Asoquimbo y trabajan en sus ejes organizativo, político, comunicativo y jurídico.
A muchos de ellos no se les escapa que este megaproyecto no sólo continúa la venta de los recursos naturales a los apetitos del capitalismo salvaje, sino que puede ser otra estrategia del gobierno para militarizar zonas próximas a donde la confrontación es más aguda.
De allí que el sorpresivo respaldo que les anuncia la FARC –con un inusual discurso lírico ambientalista y que ellos no han pedido–, les deje a algunos la impresión de que gobierno y guerrilla están a punto de convertir al Huila en campo de batalla.
¿Será que los organismos de control tienen el poder necesario para resolver este pleito a favor de los intereses generales sobre el medio ambiente y de los habitantes más vulnerables? O ¿se librará aquí otra guerra por el agua, como la de 2000 en Cochabamba, que ha sido ejemplo para los movimientos antiglobalizadores?
* Universidad Surcolombiana.
**Artículo tomado de http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2792-el-quimbo-ifuerzas-oscuras-o-simple-criminalizacion-de-la-protesta.html |
|
